El gobierno de López Obrador ha perdido el control de la estrategia contra la pandemia de Covid-19, así como importantes márgenes de maniobra para responder a la crisis económica y los riesgos de una crisis social.
A este escenario se suma la cada vez más desafiante actividad del crimen organizado, lo cual apunta a un debilitamiento del gobierno federal para mantener la gobernabilidad en el territorio nacional.
De ahí el creciente énfasis del gobierno federal en el discurso político-electoral, que cada vez se centra más en el combate a la corrupción porque los programas sociales estelares, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, están mostrando fallas de fondo en el logro de sus objetivos y algunos alarmantes indicios de corrupción y manipulación; tampoco han contribuido estos programas, como quería AMLO, a restarle bases sociales al crimen organizado.
La apuesta al rescate de PEMEX y el sector energético como motor de la economía nacional, igualmente se enfrenta a una realidad adversa, donde la empresa productiva del Estado se mantiene como una fuente inagotable de pérdidas económicas, quiebra financiera y ejemplo de improductividad.
Ante estas dificultades en la realización de su narrativa original, el gobierno de López Obrador enfoca sus prioridades hacia un terreno que domina ampliamente, como lo es la disputa político-electoral de cara a las elecciones de 2021, con el objetivo de que el electorado renueve y de ser posible incremente el respaldo político en las urnas para la Cuarta Transformación.
En esta línea de acción, el gobierno de AMLO está decidido a aprovechar al máximo el caso de Emilio Lozoya en busca de dos beneficios políticos: intimidar a importantes actores políticos ligados al PRI, el PAN y el PRD y ratificar, con acciones espectaculares, su compromiso de luchar contra la corrupción jugando, incluso, con la expectativa de investigar y encarcelar al expresidente Enrique Peña Nieto. Pero esto implica importantes riesgos, porque no puede descartarse una reacción de supervivencia de los actores políticos amenazados, además de que, si no se concretan las acciones judiciales prometidas, AMLO puede perder la bandera de la lucha contra la corrupción.
Otro riesgo de la concentración exacerbada de AMLO en la acción político-electoral, es caer en la tentación de medidas autoritarias o, de plano, violatorias del orden legal. Tal es el caso del nombramiento de los cuatro consejeros del INE, que debió realizarse desde abril pasado. El actual proceso de dicho nombramiento por la Cámara de Diputados muestra un claro ánimo, por parte de sectores importantes de la 4T, de imponer como consejeros del INE a militantes de MORENA, aun a riesgo de vulnerar la legalidad y la independencia tanto del INE como de la propia Cámara de Diputados.
López Obrador ha dejado al garete a su partido; por eso no se sabe con certeza si la embestida contra el INE y la Cámara de Diputados tiene el aval de Palacio Nacional o si, al menos es vigilado desde la Secretaría de Gobernación. Pero sea como sea, si dicha embestida logra descarrilar el proceso legal de nombramiento de los consejeros electorales, ese hecho constituiría un indicio ominoso y empezaría a confirmar sospechas de que AMLO ha optado por arrasar, a cualquier costo, a los actores y las instituciones que puedan amenazar la hegemonía de la 4T.
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