Mala tarde tuvo Batres
Una mala mañana tuvo ayer el senador Martí Batres Guadarrama, quien en su afán de jalar reflectores se fue a dar una conferencia mañanera en la sala de prensa del Senado de la República.
Informó a los pocos, pero muy pocos reporteros presentes, que estaba proponiendo que se agregara una línea, por medio de una iniciativa, en la cual la Suprema Corte de Justicia también tenga injerencia oficiosa en el tema de la revocación de mandato.
Todo iba bien, hasta que terminó de exponer su tema, del cual ningún reportero se dio por enterado y en las preguntas todo derivó hacia los «autos chocolate», la terna para nombrar al o la ombudsman, en donde ni en su bancada se han logrado los consensos, hasta llegar al tema de las fuerzas armadas y el llamado «culiacanazo».
Batres reaccionó iracundo a los cuestionamiento de que se haya revelado el nombre del militar que iba al mando de la detención de Ovidio Guzmán, hijo de «el chapo», y dijo que los representantes de los medio siempre exigen transparencia y cuando se les da información reaccionan con severas críticas. Encaró a un reportero y le dijo que no aceptaba sus puntos de vista personales. Y así, del tema que expuso no se habló más….
Se placea presidenta del Senado con sector obrero
Muy ocupada anduvo durante la víspera la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la mesa directiva, pues primero acompañó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a la ceremonia de la 110 Asamblea del IMSS, y como anfitrión el director Zoe Robledo.
Ahí confirmó a los medios que el martes 5, en sesión plenaria, se volverá a votar la misma terna de aspirantes a presidir la CNDH por tercera vez. De no lograrse el consenso por mayoría calificada, se devolverá la propuesta comisiones para elegir a una nueva terna.
Mas tarde, acompañada del senador Héctor Vasconcelos, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores; y la senadora Vanessa Rubio Márquez, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, se reunieron con el Embajador de Cuba en México, Pedro Núñez Mosquera.
Las dos votaciones registradas el pasado 30 de octubre para designar al próximo o próxima ombudsperson –o sea defensor de los derechos humanos en todo el país– , en el Senado de la República no alcanzaron la mayoría calificada para su designación.
Así, la terna integrada por José de Jesús Orozco Henríquez, Arturo de Jesús Peimbert Calvo y María del Rosario Piedra Ibarra, deberá esperar a una nueva votación, para el próximo 5 de noviembre.
Lo evidente es la fuerte división de opiniones que hay al interior de la bancada mayoritaria de Morena, que dirige Ricardo Monreal Ávila, quien ha reconocido que ha sido una tarea ardua, compleja y de mucha paciencia.
La tarea se torna más compleja si persisten quienes levantan la mano para adjudicarse la labor de otros, aunque en realidad se han dedicado a la resta y división. Cosa de hacer cuentas, pues en tanto uno suma y multiplica, otra resta y divide.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que el contexto económico, social y cultural en el estado de Guerrero ha sido determinante para la proliferación de la delincuencia y los delitos de alto impacto, ya que su ubicación geográfica, conjugada con la omisión y el incumplimiento de los derechos humanos a la salud, trabajo, educación y seguridad pública, entre otros, lo convierte en zona estratégica para el cultivo, distribución y trasiego de enervantes, lo cual ha generado enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, dejando a su paso un considerable saldo de víctimas.
Para este Organismo Constitucional Autónomo, el antagonismo entre las agrupaciones delictivas y la falta de respuesta eficaz de las autoridades de los tres niveles de gobierno ha derivado en múltiples violaciones a los derechos humanos de la población, como es el caso de las personas desplazadas en Guerrero que 84% de ellas se vio obligado a dejar su comunidad debido a la situación imperante de violencia y delincuencia, como se consignó en el Informe Espacial sobre desplazamiento Forzado Interno de la CNDH.
Zoé Robledo celebró su Asamblea General número 110, un evento que hoy fue revelador para desmentir lo establecido en la pasada administración del entonces Presidente Enrique Peña Nieto.
De entrada dijo que el IMSS sigue en una situación delicada, es decir que ese famoso anuncio que el año pasado en la misma Asamblea se ofreció por los salientes que su estabilidad financiera estaba hasta el año 2030, pues simplemente no era cierto.
Que si bien hubo indicadores que parecían mejorar, eso nunca fue sostenible porque, les atizo que fue a costa de la precarización de los servicios.
Que quiere decir, bueno que los números del 2018 indican que fue el año con menos camas por derechohabiente y en consecuencia fuel el año con más egresos hospitalarios por defunción.
En traducción los esfuerzos se concentraron en indicadores financieros y se dejó de cuidar la salud.
La Asamblea permitió a Zoé Robledo como buen chiapaneco alzar la voz para aclarar que el IMSS no está como lo quisieron pintar los salientes – Mike Arriola y Peña- no, que el IMSS está en condiciones complicadas, pero eso si que tiene toda la confianza con el respaldo mostrado del presidente Andrés Manuel López Obrador de sacarlo adelante.
Alcaldes de los municipios de Tultepec, Ocuilan, Estado de México; Uruapan, Michoacán; Mártir de Cuilapan, Guerrero y Tepic, Nayarit, se manifestaron con ofrendas frente a la Cámara de Diputados para protestar por la reducción presupuestal que han afectado las necesidades básicas de sus comunidades como alcantarillado, agua potable, seguridad y salud, entre otros.
Los presidentes municipales exigieron que se etiqueten los recursos destinados a resolver las necesidades mínimas, ya que desde 2018 dejaron de percibir recursos destinados al ramo 23; solicitaron que no se ejecuten a través de los municipios, sino a través de las instancias federales para que sean ellas las encargadas de iniciar y dar término a los etiquetados de cada una de las necesidades de la comunidad.
El alcalde de Uruapan, Michoacán, Víctor Manuel Manríquez, exigió la intervención del Gobierno Federal y de la Cámara de Diputados para dar los apoyos a los municipios que cubren las necesidades en materia de infraestructura, seguridad, salud, educación, así como el fondo minero y migrante, «si no queremos corrupción, el Gobierno Federal, a través de los diputados, tienen las facultades para establecer los mecanismos de ejecución de obra de manera directa».
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