Las últimas estadísticas sobre inseguridad confirman uno de los puntos clave que no se ha profundizado en sus razones sobre el colapso de la violencia criminal: el repunte de los homicidios y delitos graves comenzó en 2007, después de la gran decisión del presidente Calderón de declararle la guerra al narcotráfico y comenzar a perseguir delincuentes.
En años anteriores a este, la violencia criminal existía, pero con cifras de un tercio de las que se alcanzaron en el gran pico de inseguridad que comenzó en 2018. La identificación de las causas que permitieron el control de la seguridad hasta 2006 pudiera ayudar a entender los motivos del repunte escandaloso de la violencia delictiva.
Hasta el 31 de mayo de 2022, se tenían registradas 100 mil 447 personas desaparecidas y no localizadas en México de las cuáles el 83.7% ocurrió en los últimos 16 años, de acuerdo con un estudio elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
La investigación titulada “Hallazgos y recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a México”, elaborada por Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Susana Ramírez Hernández, resalta que, en el periodo de 2006 a mayo de 2022, las diez entidades que han registrado el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas son Jalisco con 13 mil 339, Tamaulipas con 10 mil 594, Estado de México con 6 mil 387, Nuevo León con 5 mil 913, Sinaloa con 5 mil 112, Sonora con 4 mil 161, Michoacán con 4 mil 100, Veracruz con 3 mil 961, Ciudad de México con 3 mil 501 y Coahuila con 3 mil 287, que en su conjunto representan el 71.8% del total de las registradas.
El documento del IBD explica que, del 15 al 26 de noviembre del año pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) visitó nuestro país debido a la existencia de información que revela violaciones graves de las disposiciones de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
El informe del CED reconoce que a partir de 2006 se incrementó la desaparición de personas en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, en la cual, además de los agentes públicos federales, estatales y municipales, la delincuencia organizada se sumó como actor perpetrador central de las desapariciones.
Derivado de su visita a nuestro país, el Comité de la ONU formuló una serie de recomendaciones para el Estado Mexicano, entre las que se encuentran asegurar que la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales cuenten con los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir adecuadamente con sus funciones y atender la crisis forense que se manifiesta en la existencia de más de 52 mil personas fallecidas sin identificar.
En el caso particular del Poder Legislativo, se recomendó entre otras cosas, dar seguimiento a la implementación de las leyes creadas para atender la problemática y asignar el presupuesto necesario para las comisiones de búsqueda del país.
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El líder del blanquiazul Marko Cortés Mendoza dice que la presunta violencia, el fraude, el acarreo de beneficiarios de programas y la compra de votos en las elecciones internas de Morena, “evidencian la podredumbre y lo antidemocráticos que son en ese partido”.
A través de un comunicado, el líder albiazul, sostuvo que los guindas conforman un partido de cacicazgos locales y regionales, “cuyo único objetivo es mantener el poder para encubrir sus fechorías”.
“Estamos viendo una muestra de lo que pretenden hacer en el 2024, lo mismo que hacía el partido oficial en los años de Echeverría: robo de urnas, carruseles, acarreo, compra de votos y coacción corporativa para obligar a la gente a votar por un candidato oficial”, advirtió.
Cortés Mendoza aseveró que los hechos ocurridos en las elecciones de consejeros morenistas revelan de manera contundente y clara, por qué la nueva élite del poder busca “exterminar” al Instituto Nacional Electoral (INE).
“No quieren reglas democráticas, no quieren árbitro imparcial, lo único que quieren es imponerse por la fuerza bruta, recordándole a Mario Delgado que cuando la perra es brava hasta a los de casa muerde”, agregó.
El dirigente panista dijo que los hechos de ayer deben inscribirse en un contexto general, donde la violación a la ley es alentada al más alto nivel, por el propio presidente de la República, porque quieren mantener el poder para encubrir la corrupción rampante de la nueva élite.
Dijo que cuando el 90 por ciento de los contratos multimillonarios se entregan “en lo oscurito”, cuando las obras se declaran de seguridad nacional “para no rendir cuentas”, y cuando se pasa por encima de los jueces “para favorecer los negocios”, “es evidente que lo único que quieren es proteger sus intereses”.
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Uno de los grandes soportes de la actividad política mexicana es el llamado pase de charola que tantas críticas generó en el pasado y que se ha rescatado durante la presente administración. Habrá los puristas que separen el antiguo pase de charola del actual, ya que en el pasado significaba la recolección de dinero para las campañas políticas del partido en el poder.
En el gobierno actual se procede a la convocatoria de los empresarios y se les invita a cooperar con una de las tantas rifas a las que es recurrente el habitante de Palacio Nacional.
No hay grandes diferencias entre una y otra, ya que, en ambas, los empresarios saben que deben de cooperar o de lo contrario pueden suceder situaciones extrañas.
En el pasado, se recuerda aquella gran convocatoria en casa de Antonio Ortiz Mena, donde Emilio Azcárraga Milmo mostraba sus dotes de convocante y exhortaba a los participantes a que se sumaran a la campaña del candidato presidencial del PRI, partido omnipotente de aquellos lejanos años del final del siglo XX.