Eso se preguntan en las representaciones empresariales que de manera pública y privada se han reunido con la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, así como con la brillante empresaria Altagracia Gómez: en lo privado, los comentarios son totalmente proclives a la inversión privada para generación eléctrica y promover el fraking que aproveche las vastas reservas de gas lutita; en lo público, se fustiga a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que declararon inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica de Andrés Manuel López Obrador con que se privilegia la dominancia por parte de la CFE de Manuel Bartlett en toda la industria.
Igualmente sucede con la división de poderes: en corto -comentan empresarios mexicanos y representantes compañías multinacionales- el discurso de la aspirante presidencial se inclina por mantener los contrapesos que hacen posible la inclusión política y el tránsito funcional de los interés públicos con los interés privados… pero por otro lado está el apoyo público hacia las reformas constitucionales con que López Obrador disuelve el contrapeso transexenal del Poder Judicial (actualmente encabezado por Norma Piña) al limitar sus funciones, reducir el número y tiempo de vigencia de los magistrados además de ordenar que sean electos por voto popular.
Los empresarios consultados por este columnista están entre confundidos y esperanzados: en las sesiones en corto, privadas, les aseguran que el discurso público de la candidata sólo de corte electoral, que al día siguiente de colocarse la banda presidencial sus actos irán en sentido contrario pues no habrá manera institucional con que López Obrador imponga su agenda sobre la nueva presidencia. Les aseguran que las políticas públicas serán proclives a la inversión privada especialmente en lo que a concesiones públicas se refiere pese a que dicho modelo de negocios lo rechaza el actual régimen.
Y aunque el presidencialismo mexicano es muy poderoso, mujeres y hombres de negocios participantes en los encuentros privados y públicos, saben que existe un movimiento radical cuyo referente es el llamado “Proyecto de Nación 2024-2030” que con miles de militantes y “servidores de la nación” buscarán mantener vigente la agenda más radical y anticapitalista del obradorato.
Entonces, ¿con quién tendrán que ponerse de acuerdo a partir de 2025 para lanzar nuevas inversiones o ampliar sus líneas de producción?
IFECOM bajo la lupa
Por meses ha buscado pasar más o menos desapercibido el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles que dirige Edgar Bonilla pero cada vez son más grandes las voces que acusan que se presiona a sus especialistas concursales mediante sanciones, multas e incluso amenaza de inhabilitaciones si no proceden conforme “órdenes superiores” para apoyar o confrontar los procesos concursales de empresas financieramente emproblemadas, ya sea solventando suspensiones de pagos o de plano ejecutar quiebras.
Ello hace temer que Bonilla, ex director jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, incline la balanza a favor o en contra de determinadas empresas emproblemada conforme lo que buscan los bancos involucrados en tales procesos. Vaya, el año pasado diseñó, con la ayuda del exfuncionario del Consejo de la Judicatura, Carlos Alpizar, una estrategia para reducir de 14 a solo dos juzgados especializados en concursos mercantiles, y de cuatro tribunales Unitarios de apelación a solo dos Tribunales Colegiados de Apelación… lo cual cierra el margen e apelación y diálogo.
Así podrían resultar de acotadas y parciales a favor de los acreedores y sus despachos de abogados las sentencias concursales -se comenta entre los empresarios bajo concurso mercantil- emitidas por jueces como Olga Borja Cárdenas y Saúl Martínez Lira, o de lo magistrados Andrés Pérez Lozano, Monserrat Cid Cabello, Ariadna Chávez, Irma Rodríguez e Israel Flores.
Si el rio suena… ¿dados cargado lleva?
Nueva Ley de Navegación
La iniciativa de reforma a la ley de navegación y comercio marítimos será discutida y muy probablemente aprobada en la Cámara de Diputados esta semana, atendiendo al fin una muy antigua queja del sector naviero nacional. Y es que a lo largo de los años empresas extranjeras, mediante esquemas corporativos simulados, se hicieron pasar por empresas mexicanas o mayoritariamente mexicanas para servicios de cabotaje, principalmente para los servicios a la extracción y exploración petrolera, usurpando la actividad legalmente corresponde a empresa mexicanas.
La Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, que preside Raúl Telléz y dirige Armando Rodríguez han manifestado su apoyo para que el Registro Público Marítimo Nacional que depende de la Secretaría de la Marina, tenga mayores facultades de supervisión y sanción sobre estos operadores.
Y es que cómo aquí se lo revelamos, a Hornbeck Offshore Services tal simulación le costó perder su registro tras cuatro años de litigio.
Sin embargo, hay empresas como Harvey Gulf que estarían evadiendo la ley: De acuerdo con su acta constitutiva los socios extranjeros tienen derecho de veto y los accionistas mexicanos que formalmente tienen la mayoría accionaria, no pueden tomar ninguna decisión sin el acuerdo previo de los accionistas extranjeros. ¿Usurpación de nacionalidad y/o filibusterismo naval?
@mfloresarellano