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El INE que preside Lorenzo Córdova considera que existe una campaña de descalificación contra el organismo que representa, la cual, dijo, es una estrategia electoral de algunos institutos y actores políticos.

«No es la primera vez que se pretende descalificar al árbitro. Es una estrategia que lamentablemente ha sido asumida en diversos momentos por diversos actores políticos y diversos motivos a lo largo de los últimos años», dijo Córdova en la sesión de registro de candidaturas a la Cámara de Diputados.

«Pero debo decir que no lo lograron antes y no lo lograrán en el futuro, porque la sociedad reconoce que el único interés del INE es garantizar la equidad, legalidad y rendición de cuentas de las elecciones», añadió.

  Además, dijo que el INE seguirá siendo «un árbitro vigilante y sin protagonismos ni estridencias retóricas, sacará las tarjetas que sean necesarias» para garantizar que el proceso electoral, que culminará el 6 de junio, transcurra dentro del marco de la ley.

Córdova señaló que en un contexto tan polarizado como el actual, «el INE no puede ser un árbitro silente no tiene ningún sentido institucional ni político ni procedimental ocultarlo: el INE está sometido a una estrategia de amedrentamiento que no va a prosperar».

La carta también fue respaldada por los expresidentes del Instituto Federal Electoral (IFE), antecedente del INE, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita.

El próximo 6 de junio, 94 millones de mexicanos puedan acudir a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país.

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El presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez, convocó a los grupos parlamentarios a redoblar esfuerzos en este último tramo del Periodo Ordinario de Sesiones, a fin de aprobar leyes que atiendan las demandas de las y los ciudadanos, y evitar que los temas electorales interfieran con la actividad legislativa. 

  El Congreso de la Unión debe privilegiar el diálogo y la sensibilidad de las y los legisladores, así como los acuerdos para agilizar la actividad parlamentaria, dejando de lado las agendas electorales.

“Es necesario avanzar, de manera coordinada, en el objetivo común de aprobar una legislación donde se expresen el respeto a los derechos humanos, el desarrollo económico y social y la visión a futuro del México del Siglo XXI”, asentó. 

  Se prevé en las próximas sesiones la discusión en el Pleno de los dictámenes sobre la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, así como la legislación secundaria para regular el funcionamiento, estructura, organización y atribuciones de las diversas instancias que conforman al Poder Judicial de la Federación.

Además, se contempla la expedición de la Ley General de Economía Circular y la ratificación de diversos nombramientos diplomáticos, entre otros asuntos. 

  La prioridad en este momento es la salud, por lo que los trabajos legislativos se ajustan a los protocolos sanitarios.  Precisó que hasta el momento se han entregado a las y los senadores, 64 dispositivos para facilitar las actividades remotas de la Asamblea y las comisiones. También recordó que con la nueva herramienta digital se agiliza el registro de asistencia y votación de las y los legisladores.

Eduardo Ramírez expresó que las medidas sanitarias siguen en la Cámara de Senadores, por lo que el acceso limitado a las reuniones de trabajo y al Pleno permanece, tal como lo establece el acuerdo de la Mesa Directiva aprobado en octubre pasado y que tiene como propósito contener, prevenir y reducir los contagios por el virus SARS-CoV-2. 

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  Al inicio de este año, Oaxaca, que gobierna Alejandro Murat; Sinaloa a cargo de Quirino Ordaz   y  Baja California,  fueron los estados que registraron los mejores resultados en tres sectores estratégicos del país: manufactura, comercio minorista y construcción. Y por ende, destacan en la recuperación económica nacional tras los estragos que dejó la pandemia de Covid-19.

  acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las tres actividades económicas representan 34.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de México, por lo que su comportamiento da una lectura de cómo va el proceso de reactivación.;

  Oaxaca fue la entidad mejor colocada. En manufactura, principal sector del PIB nacional con 17.5% de participación, obtuvo el segundo lugar en crecimiento anual durante enero del 2021, con una tasa de 33.4%, debido, principalmente, al aumento de 11.5% de su industria más importante: bebidas y tabaco (concentró 17.3% del total).

  Mientras en comercio minorista, la segunda actividad en importancia de la economía mexicana con 10.4% del PIB y pilar en la dinámica del consumo privado –mermado tanto por la demanda como por la oferta–, de los 26 estados que presentaron caídas, registró la tercera menor disminución (-0.9% anual).

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Al dar inicio a su campaña por la gubernatura de Baja California, Jorge Hank Rhon, del Partido Encuentro Solidario (PES), dijo que ninguna de las acusaciones de que ha sido objeto tienen importancia “si tomamos en cuenta que hasta se inventan videos para echarme la culpa ¿Qué más pueden decir?” Señaló que se enfocará en propuestas, en escuchar a la gente y buscar juntos, la solución a cada uno de sus problemas que hoy tiene esta entidad fronteriza, sumida como una de las más violentas, sin inversión federal y por supuesto carentes de un buen gobierno.

Con sendos eventos en Mexicali y Tijuana, hizo un compromiso con el sector femenino: “haré de nuestra entidad un lugar seguro para las mujeres, dejaremos de ser el primer lugar en feminicidios de México”. Dijo que así como sus empresas están certificadas como espacio libre de violencia en contra de las mujeres”, “hará lo necesario para erradicar todo tipo de agresión en su contra.

Al hacer referencia al tipo de campaña que se habrá de emprender en medio de una pandemia, Jorge Hank, afirmó que no solamente cuidará a los bajacalifornianos y su salud, sino que habrá de enfrentar al poder económico, político y difamatorio de las autoridades estatales.

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Aunque diversos organismos internacionales han señalado la inconvencionalidad del uso de la prisión preventiva oficiosa, en los últimos años se ha legislado para ampliar esta medida cautelar en un mayor número de delitos, señala un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez.

  La nota titulada, “Delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, elaborada por Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, apunta que la reforma al artículo 19 constitucional, publicada en abril de 2019, agregó nueve delitos en los que se aplica la prisión preventiva de oficio: abuso o violencia sexual contra menores; feminicidio; robo de casa habitación; uso de programas sociales con fines electorales; corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga; delitos en materia de hidrocarburos; desaparición forzada; y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército. 

   El estudio agrega que durante la LXIV Legislatura, senadoras y senadores han presentado iniciativas relacionadas con la figura de prisión preventiva oficiosa, que aún se encuentran pendientes de dictaminación.

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