En los próximos días se hará publico el fallo que la magistrada Alejandrina Gámez, del 28° Tribunal Unitario Agrario, que establece que Minera Penmont, propiedad de Fresnillo PLC de Alberto Bailleres, reintegre la totalidad del ejido El Bajío-Franjita, en Sonora, una superficie superior a 570 hectáreas que en 2015, cuando Rosario Robles era titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, le fue cedida a la empresa minera a precios de ganga.
La sentencia dictaminaría la cancelación el título de propiedad de Penmont-Fresnillo y la restitución de 571 hectáreas a los ejidatarios, así como realizar la remediación ambiental de los impactos generados por la mina a cielo abierto ubicada en Caborca. El golpe puede ser muy serio para Fresnillo (y por supuesto también para el Grupo BAL que ahora dirige Alejandro Bailleres) pues de la zona los ejidatarios alegan se extrajeron más de 5.5 millones de onzas de oro a lo largo de 17 años… mientras que a ello las tierras les fueron pagadas en centavos. El artífice de esa “ganga” se dice fue Octavio Alvidrez, director ejecutivo de Fresnillo
En 2013, debido a las denuncias de los ejidatarios, Penmont-Fresnillo regresó 1,824 hectáreas que se disputaron desde 1997. La compañía obtuvo que le escrituraran esas 571 hectáreas que sirven como sus patios de lixiviación. La escritura para la compañía habría sido firmada por Rosario Robles, presa por la trama de La Estafa Maestra.
Y ahora, los propietarios originales podrían recuperar el resto del territorio. Veremos.
Justicia Torquemada
Es creciente la inquietud en los círculos financieros y empresariales por el proceder de la Fiscalía General de la República, que en su desesperación por encarcelar a “adversarios políticos” de administraciones pasadas -y otros caídos en desgracia de la actual- utiliza delincuentes confesos y sin escrúpulos como Emilio Lozoya y Juan Collado, quienes venderían a su propia madre -como ya ocurrió con Lozoya- con tal de salvar la zalea. El confiar en ese tipo de “testigos protegidos” merma el prestigio de la entidad encargada de realizar el ejercicio punitivo de la Ley. Y dados sus magros resultados la FGR va tras despachos de abogados que son vistos como el eslabón que le impide avanzar, presionándolos para que olviden que la confidencialidad constituye un principio general en la regulación ética de su profesión. Bajo esta lógica persecutoria se les fincan cargos de extorsión e incluso tráfico de influencias… y nadie está a salvo.
“Empanizan” compras del IMSS
Ahora que se está de moda “revisar” a los funcionarios púbicos ligados al Partido Acción Nacional (que “se meten como la humedad” según el propio presidente), no está de más checar la trayectoria del actual director de administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, Borsalino González Andrade que entre otras cosas fue asesor del PAN ante el INE entre 2007 y 2008; y de 2009 a 2011 fue del equipo de Salvador Vega en la Función Pública y posteriormente fue parte del equipo hacendario de Manuel Velasco en Chiapas. Tal vez ello explique diversos y “extraños” eventos en procesos de compra en el Instituto.
Quieren despachar a Ku Herrera
Se fragua un nuevo atentado contra la educación pública medio-superior: resulta que desde el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública se prepara la expulsión del director de CONALEP, Enrique Ku Herrera, en base a una serie de chismes y ansias trepadoras dentro de la burocracia. Ku Herrera no sólo ha mantenido los niveles de calidad en educación técnica y tecnológica, sino que ha respaldado desde su terreno grandes los grandes proyectos ferroviarios como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec con la formación profesional de técnicos especializados en el ramo y la creación del Primer Centro de Innovación y Capacitación Ferroviaria. Su expulsión no sólo se prepara a espaldas de Andrés Manuel López Obrador, se hace dándole la espalda a la educación de calidad como esperanza para miles de jóvenes.
@mfloresarellano