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En otros asuntos de esta semana justicia destaca lo electoral, ahora sí que, como dicen en el norte del país, los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “se la bañaron”. Y es que ahora sí que no se entiende su proceder y decisiones que son contrarias a la razón y el análisis, pues resulta ¡¡que quieren cancelar el proceso de elección de Morena!!

   Esta pretensión de los magistrados electorales es un total absurdo jurídico y en sus propias palabras de expertos las intenciones que se han filtrado para anular el procedimiento de renovación de la dirigencia llevado a cabo por el INE y al mismo tiempo posponer “la encuesta abierta” (o sea, el mismo método) hasta que concluya el proceso electoral, son incongruentes y aberrantes.

  Según se conoció que existe un proyecto de dictamen al interior del TEPJF que pretende anular el proceso porque -argumenta-, el INE no reguló la presencia de los candidatos en medios de comunicación y redes sociales, empero, (nos señalan los jurisconsultos en derecho electoral) no es válido ni oportuno revisar las reglas de la elección, porque esa fase ya concluyó y la propia Sala Superior las validó, pero, lo más importante, se trata de una situación de reglas extraordinarias, reconocida por la misma Sala, porque era urgente renovar. 

 Hasta parece que juegan a hacer política

   justicia e instituciones VS. Controversias.  Para el senador Ricardo Monreal Ávila, los medios alternativos de solución de controversia en materia de impartición de la Justicia, juegan un rol trascendente en la pacificación del país, se encuentran apegados a los marcos internacionales y son acordes a los objetivos de desarrollo sustentable de la agenda 2030.

  En su participación en un Foro Virtual organizado junto con Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dio sus puntos de vista en cuando a la iniciativa de Ley en esta materia.

  Monreal recordó que, en el 2015, el Estado mexicano se comprometió a adoptar los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2020, en ellos destaca la justicia, la paz y las instituciones sólidas, el cual contiene dentro de sus metas promover el Estado de derecho en planes nacionales e internacionales, y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. 

  “Esta iniciativa busca brindar a la ciudadanía una opción de acercamiento a la justicia”, comentó el senador de Zacatecas ante ministros de todo el país.

  “Si bien es cierto, la Constitución prevé que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales jurisdiccionales, de manera gratuita y expedita; la realidad es que dichos tribunales se encuentran, rebasados en sus capacidades y otros saturados, con la excesiva carga de trabajo, lo que implica que los procesos sean lentos”, comentó el legislador.

   Por si eso no fuera suficiente, debemos de sumarle que en varias poblaciones no se encuentran centros jurisdiccionales cercanos, lo que implica traslado, desgaste económico, tiempo para las personas justiciables; incluso inversión económica para la asistencia jurídica, ya que las personas tienen escases de recursos en este momento y no acceden tan fácilmente a las defensorías gratuitas.

  Es por ello por lo que, entre los objetivos de esta iniciativa, se encuentra que todas y todos los ciudadanos tengan acceso al derecho humano de la justicia y por su naturaleza, los medios alternativos de solución de controversia privilegian de manera regulada su participación en la solución de sus conflictos, sin que no necesariamente tengan que acudir ante los órganos jurisdiccionales, puntualizó el senador Ricardo Monreal.

  Ténganlo por seguro que escucharemos su voz e integraremos, incorporaremos sus puntos de vista que tengamos en estos días, porque quiero, los tiempos que me he planteado es que, en este periodo de sesiones, en las próximas semanas, podamos sacar este dictamen y podamos tener pronto la ley general.

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El uso discrecional de recursos que el Gobierno Federal pretende realizar a través de la desaparición de los 109 fideicomisos atenta contra sectores culturales, de protección civil, artísticos, de ciencia y derechos humanos, entre otros, enfatizó Jesús Zambrano Grijalva, Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Esta postura se enmarca en el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la cual consideró la desaparición de recursos destinados en su mayoría a sectores esenciales para el desarrollo significativo del país.

  Como lo ha señalado la diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora de la bancada del PRD en la cámara baja, es evidente que esta propuesta obedece a la influencia que el Ejecutivo Federal ejerce sobre el grupo parlamentario mayoritario de legisladores. De aprobarse, esta iniciativa no solo arrebataría presupuesto que es esencial para el desarrollo de actividades académicas, artísticas, de protección civil y de derechos humanos, sino que también centralizaría estos recursos en el Gobierno Federal para que sean administrados de acuerdo con intereses políticos y no sociales.

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El diputado del PAN, Mauricio Tabe, anticipó que presentará una iniciativa para crear una Ley de Comedores Sociales y Vecinales como medida para alimentar a los capitalinos afectados por la situación económica que ha dejado la pandemia.

El panista expuso que estos comedores serían financiados con recursos públicos y que contempla que las alcaldías los instalen en las colonias más vulnerables de la Capital.

«Para que se organice el esfuerzo solidario de los vecinos y no se hagan a un lado, sino que se articule y además se le meta recursos y se reúnan los recursos de otros vecinos que son solidarios y se extienda este modelo de apoyo alimentario», abundó Tabe en el comunicado.

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