El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal salió al paso de las criticas e interrogantes que se han desatado tras anunciar su intención de regular las redes sociales y reitera que el Poder legislativo no puede ser omiso y debe otorgar a la población un marco jurídico confiable para que se protejan sus datos personales y también exista “piso parejo” en materia tributaria entre los medios de comunicación y este tipo de empresas.
El tema es complejo, en los países dirigidos por un dictador como es el caso de Rusia, de China, de Corea del Norte todo aquello que signifique un critica para el mandatario o al sistema se castiga en forma estricta, en algunos casos con cárcel, con persecuciones políticas y con represión. En Europa en forma más civilizada solo en aquellos casos de discursos de odio, se quitan los mensajes, o aquellos que contienen la violencia.
En medio de la polémica y mediante un video, el senador explicó que las redes sociales tienen un modelo de negocios en el que venden espacios publicitarios dentro de su plataforma, haciendo que los datos personales de sus usuarios, dijo, sean el principal ingrediente para obtener esos ingresos.
“De esta forma entre mayor cantidad de usuarios existan dentro de la red social se podrán vender espacios publicitarios más caros y en consecuencia podrán generar mayores ingresos. Se estima que en México Facebook cuenta con 85 millones de usuarios, mientras que Twitter tiene cerca de 11 millones de usuarios en el país.
Lo anterior nos coloca dentro de los primeros 10 millones de usuarios con el mayor número de personas que utilizan estas redes sociales confirmando la importancia del mercado nacional para ambas plataformas”, señaló.
En este sentido, Monreal Ávila aseguró que, debido a su crecimiento exponencial, las redes sociales se han convertido en el modelo de negocios ampliamente redituable.
“Se estima que en el año 2020 Facebook generó ganancias de alrededor de 30 mil millones de dólares, 60 por ciento más que el año pasado. Mientras que Twitter generó cerca de 2mi 600 millones de dólares, indicó.
Monreal Ávila mencionó que existen elementos en común entre las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales sobre todo en su manera de generar ingresos y porque ambos cumplen en esencia los mismos objetivos que son los de informar y entretener.
“Considerando estos elementos, al existir una carga tributaria distinta entre ellos, se coloca a los medios de comunicación tradicional en una situación distinta a la de las redes”, aseguró.
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Ricardo Aguilar Castillo, tomó protesta hoy a Arnoldo Ochoa González como dirigente estatal del priismo de Colima, en un acto en el que participó la precandidata a la gubernatura, Mely Romero Celis, con miras a fortalecer el trabajo de campaña y alcanzar el triunfo en la elección del 6 de junio.
Aguilar Castillo destacó que la calidad, prudencia, templanza y experiencia de Ochoa González, “es lo que nos va a ayudar para construir la nueva historia del PRI y la nueva historia de Colima”.
Ante los exgobernadores Fernando Moreno Peña, Elías Zamora Verduzco y Ramón Pérez Díaz, el representante del CEN afirmó que el Revolucionario Institucional “es el único partido con responsabilidad social, y es por eso que queremos cambiar las cosas que están sucediendo en el país”.
A los liderazgos priistas de la entidad, les pidió cuidar escrupulosamente el respeto a la ley en todas las etapas del proceso electoral, y les expresó que la instrucción del Presidente del CEN, Alejandro Moreno, es incluir a todas las expresiones y ganar la elección.
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La Senadora panista, Xóchitl Gálvez Ruiz, presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presuntos actos irregulares en contratos realizados por las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en los estados de Tabasco y Chiapas.
La legisladora explicó que la denuncia se realizó con base en la información que se presentó el medio de comunicación Latinus, el cual informó que los contratos fueron adjudicados a la empresa CM del Golfo, propiedad de José Rubén Ferrer del Río, primo de Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Instituto de Salud para el Bienestar.
Dicha empresa se dedica a la construcción de infraestructura desde el año 2004 y no a la venta de equipo médico especializado, para la que fue contrada. La ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público dispone que “se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse”.
En el caso de la delegación estatal de Tabasco, el IMSS asignó 23 contratos por adjudicación directa a CM del Golfo por cerca de 15 millones de pesos. De acuerdo con la investigación, Pedro Sánchez Ascencio, encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de dicha delegación, firmó las actas de autorización de las adjudicaciones, de forma directa, sin testigos y de forma exprés.
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En el Parlamento Abierto para analizar la minuta que reforma la Ley del Banco de México, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, aseguró que desde el Senado se respetará la decisión que tome la Cámara de Diputados en torno a esta materia.
Armenta Mier también destacó que la opinión de los expertos será clave para impulsar este ordenamiento, que beneficiará a millones de familias de migrantes que son parte fundamental de la economía nacional.
Reconoció que los diálogos en el Parlamento Abierto, que continuaron ayer martes, son esenciales para poner en el centro del debate, la obligación de servir a la ciudadanía. “Estamos convencidos que es una iniciativa de corte social que necesitan los mexicanos”.
El senador llamó a que las reformas se consideren como un nueva “política cambiaria social”, la cual establece un mandato para que los montos de dólares en efectivo, que no puedan repatriarse a Estados Unidos, sean comprados por el Banco de México.
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos, concedió el amparo a dos padres de familia y a sus menores hijos, para el efecto de que no puedan ser sujetos sin su consentimiento expreso, libre e informado, al denominado programa “Mochila Segura” o a cualquier operativo asociado o derivado del mismo, dada la ausencia de un marco legal que lo sustente.
El fallo reconoce que la falta actual de regulación no debe obstaculizar el que los Congresos Federal y locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollen legislación que, apegada al régimen constitucional, pueda dar sustento y contenido formal a programas como el reclamado, con pleno respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Se indica que la resolución no impide las intervenciones o revisiones en las escuelas cuando se ha cometido un delito o está por cometerse, pues ello coloca a la comunidad escolar en un riesgo o peligro inminente; en cuyo caso, deberá darse a la brevedad intervención a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia competentes.