Policía Federal, un réquiem anticipado
¡Fuera máscaras!, en julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Durazo advirtieron que la Policía Federal se encontraba en una situación desastrosa y llena de corrupción. Un año después, inicia su extinción.
La cuenta regresiva comenzó el 19 de noviembre de 2018 en el programa Tercer Grado: “El desastre con lo policiaco me llevó a tomar esta decisión. Están muy echadas a perder…”, un día después, anunció la desaparición de la Policía Federal. Era el preludio del réquiem.
Terminaba así una historia de desencuentros entre el presidente electo y una corporación que por años siguió sus pasos como luchador social; con momentos álgidos y acusaciones mutuas. López obrador los culpaba de ser un instrumento para reprimir al pueblo.
Sin embargo, en su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 entre cuyos ejes está la creación de una Guardia Nacional para combatir la violencia e inseguridad en el país, los incluyó y quedarán adscritos a este organismo.
Previo examen de admisión, con criterios y reglas militares, aunque se trate, por lo menos en el papel, de una Guardia Civil. Así se los advirtió durante la entrada en operaciones del nuevo organismo de seguridad: “Se creó una institución, la Policía Federal, hace 20 años, que fue echándose a perder, de 40 mil elementos, se puede realmente contar con 10 mil”.
Directo y sin rodeos, fijó las reglas del juego: están conmigo o contra mí. La naturaleza de la #4T, del nuevo régimen. Una nueva forma de gobernar que no admite discrepancias.
Un escenario donde el próximo 13 de julio, Día de la Policía Federal, donde se conmemora a todos los agentes que murieron ejerciendo su profesión y, también, a la institución que lucha en contra de la delincuencia. No habrá nada que celebrar. Porque dejó de existir.
Esta fecha recordaba lo sucedido en julio de 2009 en Michoacán, cuando 12 agentes fueron asesinados por el cártel de “La Familia”. «Los elementos de la Policía Federal ofrendaron su vida en el cumplimiento de su deber», destaca el comunicado.
Hoy, los compromisos, logros, errores y sacrificios de la corporación policiaca quedarán en el anecdotario; sus integrantes sólo tienen dos opciones: ingresar a la Guardia Nacional, aceptar la disciplina castrense, los nuevos esquemas salariales, jornadas laborales o causar baja con una liquidación sobre el salario base de $4,600 al mes.
Para el nuevo gobierno la rebelión de la Policía Federal no tiene razón de ser, dicen que hay “mano negra” detrás de las protestas y no revelan su identidad. No aceptan que pese a haber expedido el certificado de defunción en 2018, falló la instrumentación y la información por parte del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, para incorporarlos a la Guardia Nacional.
La batalla de los policías por su empleo, seguridad social, antigüedad, derechos laborales y su protesta es calificada como una “insurrección” con intereses extraños. Dicen que “se buscan los más altos estándares internacionales de calidad y se debe ser riguroso en la selección” y que las quejas se deben a críticos sistemáticos del gobierno y la corrupción incrustada en la Policía Federal.
Lo cierto es que lo están haciendo mal y que aún no dimensionan los efectos del maltrato sistemático del gobierno para los que se queden y para los que van.
Colgarles etiquetas como “fifís”; corruptos; indisciplinados; amenazarlos laboralmente, aplicar el mismo rasero para todos los elementos que integran la Policía Federal, se puede convertir en un peligroso caldo de cultivo que contamine la moral y compromiso de quienes pasen a la naciente Guardia Nacional.
Sí. ¡Ahí está el detalle!, la denostación pública, las humillaciones, amenazas y descrédito permanecen como heridas abiertas. Generan inconformidad y puede derivar en una crisis que trastoque los objetivos del nuevo organismo que, paradójicamente, busca recuperar la paz social.
A nadie ayuda polarizar; el “divide y vencerás” favorece a los grupos criminales y exacerba la violencia contra los policías en el país. Hasta el 21 de abril han muerto en este año, al menos 107 uniformados en 22 estados, según datos de Causa en Común. En 2018 fueron asesinados 404 en 30 entidades. ¿Eso queremos?
Vericuentos
Monreal vs clientelismo
Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo y coordinador de Morena en el Senado, presentará polémica propuesta para establecer como delito grave en las leyes el uso de programas sociales con fines electorales. Ante la Comisión Permanente llevará la iniciativa que incluyeal Código Nacional de Procedimientos Penales y al de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Sin duda sacará chispas, pues tooodos los partidos y funcionarios deberán amarrarse las manos. ¡Óralé!
Desabasto de medicamentos
Héctor Javier González Flores, director General de grupo Ralca, denunció que el ISSSTE les debe 300 mdp por medicamentos surtidos. “Ya no es posible abastecer más medicinas para diabetes, asma, cáncer y otras enfermedades complejas, que son el soporte de vida para pacientes” ¿Alguien que se haga responsable? ¡Uff!
@guillegomora