El presidente Andrés Manuel López Obrador publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual prácticamente militariza al país y se hace un clima de silencio impenetrable en lo que los distinguidos miembros del gabinete de la llamada cuarta transformación, decidían quien debería de salir a dar la cara sobre este asunto en el que el tabasqueño, sigue a detalle las políticas que en su momento implementó ni más ni menos que su archienemigo, el expresidente Felipe Calderón. Nadie se animaba porque es imposible poder justificar tal acción.
Ya se les habrá olvidado a los miembros del primer círculo lópezobradorista que corría el año de 2006, cuando a inicios del sexenio del presidente Calderón, desde Michoacán y acompañado por el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, anunció la realización de la “Operación Conjunta Michoacán” con el envío a aquellas tierras de más de 6 mil 500 efectivos del Ejército con el objetivo de “sellar” costas y carreteras michoacanas como parte de una “estrategia integral” en la “batalla” que se libra en la “guerra contra el narcotráfico”.
Poco después, la administración calderonista anunció futuras operaciones en los estados de Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas y esto lo hizo, de acuerdo a diversos analistas para dejar en claro su papel como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Calderón.
Catorce años después y casi, casi a regañadientes, salió el flamante secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para decir textualmente que el objetivo de este nuevo Decreto que a hurtadillas y muy calladito publicó el presidente: “es darle operatividad al mando legislativo, facultando a las Fuerzas Armadas como primer respondiente. Tal apoyo estará siempre subordinado a la Guardia Nacional”. ¿Alguien entendió algo?, porque esa no parece ser la mejor manera de intentar justificar que su jefe haya adoptado una política calderonista que por cierto, costó tanta sangre.
En otro tema, la negativa de la Comisión Federal de Electricidad de comprar carbón a los productores privados, pese a las instrucciones del presidente López Obrador, podría enfrentar a su titular, Manuel Bartlett Díaz, con las políticas de la llamada cuarta transformación para reactivar a este sector industrial.
Esta actitud de indisciplina tiene paralizada la compra de, – por lo menos-, 250 mil toneladas de carbón, principal fuente de energía para mantener en operación las carboeléctricas de la paraestatal.
Para Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, es muy probable que la CFE se esté abasteciendo del mineral con empresas extranjeras, en detrimento de las compañías nacionales y de una instrucción del Jefe del Ejecutivo.
La llamada Rebelión del Carbón en el norte del país podría recrudecerse, pues la Comisión Federal de Electricidad, está pasando por alto que este sector fue considerado como esencial, aun dentro de la contingencia sanitaria por el Coronavirus, porque cumple con los protocolos para garantizar la seguridad e higiene del personal que labora en las plantas de extracción.
Las autoridades federales realizaron un censo entre las empresas carboneras para determinar a quienes efectuaría compras la CFE, pero simple y sencillamente, la paraestatal no acató la disposición presidencial.
Los productores de carbón se quejan de que la Comisión, a cargo de Bartlett, incluso ha tratado de modificar contratos ya establecidos para comprar menores volúmenes del mineral y a precios más bajos, lo cual sería ilegal.
Desde fines de 2018 se agravó la situación del sector, cuando la CFE anunció la suspensión de contratos que garantizaban la compra de tres millones 200 mil toneladas anuales de carbón. La empresa pública sólo ha mantenido compras menores emergentes, pero insuficientes para las mineras de carbón, que han quebrado de manera paulatina.
Hay que recordar que la principal región carbonífera del país, representa 95 por ciento de las reservas del mineral y se encuentra al norte de Coahuila, en una extensión de 16 mil kilómetros cuadrados.
En días pasados, los productores realizaron marchas a lo largo de carreteras en la principal zona carbonífera de Coahuila para demandar la firma de contratos multianuales con la CFE, tal y como los ofreció el presidente López Obrador, y dieron a conocer que de no acatar la decisión presidencial de comprar ya el mineral resurgirá la Rebelión del Carbón y habrá protestas en las principales ciudades de la entidad y en la zona cercana a Estados Unidos.
MUNICIONES
*** Posponer el pago de impuestos y cuotas de seguridad social, además de incentivos a las empresas generadoras de empleo, propusieron los especialistas participantes en el Foro Ciudadano por la Ciudad de México, organizado por las dirigencias de los partidos en la capital del país, PRD, PAN, PRI y PVEM, encabezadas por Nora Arias, Andrés Atayde, Israel Betanzos y Jesús Sesma, respectivamente. Los participantes coincidieron en solicitar al gobierno de la Ciudad de México, diseñar el mecanismo primero para la reapertura económica, y en segundo término para su reactivación en todos los sectores. Por su parte, el economista Macario Schettino, vislumbró tres escenarios adversos para la economía de la Ciudad: primero, el malo con una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de menos 5%; el segundo, el peor, con una disminución del 35% del PIB y el espantoso, con menos 40% del PIB. Agregó que para impedir una mayor destrucción de la economía los países han implementado planes de contención, como posponer el pago de impuestos y cuotas de seguridad social, además del apoyo a la micro, pequeña y medianas empresas. Subrayó la importancia de mantener empleos, porque alertó: “si quiebran las empresas, los empleos desaparecen y la recuperación será extraordinariamente difícil”. El representante de la Coparmex, Arturo Miranda, consideró importante actuar de inmediato con acciones concretas para fomentar el consumo interno. Como ejemplo, propuso organizar Tianguis Turísticos en las 16 alcaldías, ferias culinarias, exposiciones y un Buen Fin, sólo para la capital. A su vez, el ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, planteó la importancia de reabrir la economía siempre y cuando el punto máximo de contagios sea superado a fin de que exista la capacidad hospitalaria necesaria. Luego de coincidir con los demás ponentes, Cordero cuestionó el paquete económico puesto en marcha por el gobierno federal, el cual no llega ni al 1% del PIB. En contra parte, comentó que tan sólo Perú ha destinado hasta el momento el 13% del PIB.