Vaya tormenta que desató ni más ni menos que el flamante dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, al presentar, más que una propuesta, una locura, al demandar que el INEGI se meta en las casas de todos los mexicanos para indagar sus bienes y accesar incluso hasta a las cuentas bancarias.
En el mejor de los casos, todo indica que el tan “laureado” Movimiento de Regeneración Nacional, pretende erigirse como la policía que puede tener el control absoluto de la ciudadanía. Esto es una verdadera lástima porque cuando Ramírez Cuellar llegó a relevar en ese partido a Yeidckol Polevnsky, buena parte de la militancia que por cierto, ya se está desencantando con el proyecto de la llamada cuarta transformación, respiraron aliviados considerando que el exdirigente de El Barzón era una persona más centrada, sin los afanes de la señora Polevnsky pero al parecer, resultó peor.
Y peor, porque todavía el diputado morenista con licencia, tuvo la desfachatez de defender su incoherente planteamiento a la voz de que: “el hecho de que el Inegi sea la instancia encargada para esta labor, (hacerla de policía para violar la intimidad de los hogares del país), busca evitar que la información obtenida esté determinada por ideologías o vaivenes políticos”.
Ramírez Cuéllar insistió en que se requieren datos confiables para medir la desigualdad. No, lo que en realidad quiere el decepcionante líder de Morena, es contar con información para tener el control de la ciudadanía, especialmente de cara a los comicios del 2021. O, ¿será que no se acuerdan ya en ese partido cuando la casi invisible secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero no pudo conseguir los datos biométricos contenidos en el padrón electoral que maneja el Instituto Nacional Electoral, con el pretexto de crear una cédula única de identidad?
En realidad, lo que pretendía en esa ocasión el gabinete de esta llamada cuarta transformación, era obtener los datos de más de 90 millones de mexicanas y mexicanos inscritos en el padrón electoral.
Afortunadamente, el consejero-presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, que a diferencia de Ramírez Cuéllar, sí es un ser pensante, sensato y profesional, argumentó, -como se recordará-, que legalmente era imposible conceder a la Secretaría de Gobernación una información tan personal que pertenece a la ciudadanía.
Luego, la actual administración y sus bancadas en el Congreso de la Unión, la emprendieron contra el consejero-presidente del INE y han tratado de reducir su mandato y en suma, quitarlo de su puesto por no haberse plegado a la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que sin duda constituye un vil atentado contra la democracia.
¿Será entonces que ahora Ramírez Cuéllar, afanosito, se ofreció a hacer el trabajo al presidente?, porque por lo que se ve, el tabasqueño no ha quitado el dedo del renglón y al precio que sea, quiere obtener ese tipo de información.
Por su parte, el diputado con licencia que no entiende nada de lo que hace todavía difundió por sus redes que su intención es dotar al INEGI de un órgano constitucional autónomo, “de mayores facultades para que diseñe una metodología más adecuada para conocer las verdaderas dimensiones de la desigualdad en México».
Afortunadamente, ni en Morena y menos aún en la oposición, aceptan la aberración planteada por Ramírez Cuéllar. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, descartó la pretendida reforma al INEGI y el SAT y subrayó que en la Cámara Alta “se actuará con responsabilidad política, siempre con diálogo y en búsqueda de consensos”. Agregó el senador zacatecano: «Quiero decirles con toda contundencia que, en el Senado no hay iniciativa alguna para poder ampliar y otorgar nuevas facultades al INEGI».
El senador por Movimiento Ciudadano, Samuel García, opinó que la iniciativa viola el Artículo 16 de la Constitución, que señala que ningún ciudadano puede ser molestado por una autoridad en su domicilio si no hay fundamento o motivo. A lo mejor de esto ni está enterado el flamante líder de Morena.
Específicamente, García señaló: «No basta con proponer locuras que solamente se ven en Corea del Norte o en Venezuela, ahora con esta reforma pretenden hacer una nueva reforma hacendaria para ir a cobrarle a los mexicanos; facultades que ni el SAT, ni Hacienda, ni el Ministerio Público tiene, se las quieren dar al Inegi para irnos a cobrar dependiendo de la riqueza y patrimonio que encuentre el Inegi en nuestro domicilio”.
MUNICIONES
*** Una más de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE); resulta que, apenas llegando al cargo, el Auditor Francisco Romero Serrano, decidió invertir casi medio millón de pesos en la remodelación de sus jardines, con macetones y plantas de ornato encargados a un supuesto diseñador de amplia experiencia en la materia. EL problema es que, además de los onerosos recursos comprometidos para el contrato CIR/007/ENE/DGA2020 en una época en la que se demanda austeridad, la ASE adjudicó de manera directa ese servicio a una empresa cuyo objeto social, según los registros del padrón de proveedores, es la venta de electrodomésticos y papelería al por mayor; por lo que cabe aquí hacer una pregunta: ¿o las flores contratadas son de papel o se trata de un acto de adjudicación a una empresa fachada?
*** Hoy se celebrará la segunda mesa correspondiente al tema de salud, del Foro Ciudadano por la Ciudad de México, de manera virtual y en donde especialistas en la materia abordarán la problemática actual de la pandemia. El foro que se trasmitirá a través de la red social Facebook Live, es organizado por los dirigentes capitalinos del PRD, Nora Arias; del PAN, Andrés Atayde y del PRI, Israel Betanzos. Sin duda, este es un tema de vital importancia debido a que nos encontramos en el momento más complicado, donde la capital del país, se ha convertido en el epicentro de la pandemia. La semana pasada se realizó la mesa uno del tema de economía. Ahí, especialistas destacaron la importancia de condonar impuestos y otorgar incentivos para reactivar la economía capitalina. Hay que destacar que posteriormente, se llevará al cabo la mesa relativa a la seguridad pública, debido a que es una crisis adicional a la sanitaria y económica, que lejos de aminorar se ha incrementado en todo tipo de ilícitos.