Si bien las reacciones sintomáticas graves del virus han tendido a concentrarse
en personas adultas, la población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes ha sido una de las más afectadas por los impactos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y se corre el riesgo de convertirse en una generación perdida, concluye un estudio realizado por la CEPAL.
Tanto las medidas de confinamiento implementadas para controlar la transmisión del virus como sus efectos socioeconómicos han impactado particularmente en las nuevas generaciones, que hoy enfrentan mayores riesgos de rezago y abandono escolar, de desnutrición y malnutrición, y de deterioro de la salud física y mental, así como una mayor exposición a la violencia o el maltrato en el hogar y a situaciones de pobreza y trabajo infantil.
Asimismo, los jóvenes registran tasas de desocupación que duplican las de los adultos y una elevada proporción de ellos trabaja en el sector informal. La crisis de origen sanitario dio lugar a la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos. Los países de América Latina y el Caribe han enfrentado el cierre de las escuelas con el despliegue de distintas modalidades de aprendizaje a distancia y diversas iniciativas de adaptación, priorización y ajuste curricular. Los esfuerzos que debieron realizar las personas ocupadas en el sector de la educación se distribuyeron de manera desigual entre hombres y mujeres, ya que estas últimas representan al 69,2% de las personas que se desempeñan en dicho sector.
La adaptación a la teleeducación supuso, además, un trabajo extra que no se tradujo en aumentos salariales. Entre 2019 y 2020, la masa salarial de las mujeres ocupadas en la educación se redujo un 3,3%. Antes de la pandemia, las encuestas de uso del tiempo de la región, mostraban datos sobre la mayor dedicación de las mujeres al acompañamiento de niñas y niños en tareas escolares. El cierre de establecimientos educativos generó una sobrecarga de dichas tareas, que pasaron a realizarse en los hogares.
La mayoría de los países contaban con recursos y plataformas digitales para la
conexión remota, que debieron reforzar durante la pandemia y complementar con
modalidades de aprendizaje fuera de línea, como la transmisión de programas educativos en medios de comunicación tradicionales (radio y televisión). Sin embargo, por las desigualdades que ya caracterizaban el acceso, uso y aprovechamiento de Internet en la región, no todos han podido beneficiarse de la misma manera de estos esfuerzos adicionales. En particular, se estima que la pandemia de COVID-19 tendrá repercusiones en el aprendizaje y en las tasas de rezago y abandono escolar, ensanchando brechas que ya existían en las trayectorias educativas de la región.
El cierre de escuelas también puede tener consecuencias en términos de seguridad
alimentaria. Antes de la pandemia, cerca de 85 millones de niñas y niños en América Latina y el Caribe recibían un desayuno, un refrigerio o un almuerzo en la escuela (FAO/PMA, 2019). Si se interrumpen los programas de alimentación escolar, junto con la caída de los ingresos de los hogares, aumenta el riesgo de malnutrición o desnutrición infantil, especialmente en sectores más vulnerables y de menores ingresos. Más aún, el aumento de la inseguridad alimentaria moderada o grave de 2019 a 2020 fue mayor en América Latina y el Caribe (9 puntos porcentuales) que en África (5,4 puntos porcentuales) y Asia (3,1 puntos porcentuales) (FAO y otros, 2021). De manera simultánea, la pandemia también ha estado asociada a la suspensión parcial o total de los servicios de salud preventiva, como los controles de crecimiento y desarrollo, y los esquemas de vacunación, todos ellos fundamentales para el desarrollo infantil, sobre todo durante la primera infancia.
Más aún, la pandemia de COVID-19 también puede afectar la salud mental de niñas, niños y adolescentes, en tanto las restricciones de movilidad, la inseguridad económica, el aislamiento y el hacinamiento están asociados a mayores niveles de estrés y de ansiedad en el hogar (OMS, 2020).
La crisis del COVID-19 también ha exacerbado el riesgo de violencia contra niñas,
niños y adolescentes, al tiempo que ha deteriorado los factores de protección. Debido a las medidas para prevenir el contagio y la expansión del virus, durante la pandemia, niñas, niños y adolescentes pasaron la mayor parte del tiempo en el hogar, con sus madres, padres y cuidadores, e interactuando en entornos digitales. El aumento de los factores de estrés y ansiedad puede afectar la capacidad de los adultos para responder adecuadamente a las necesidades de aquellos que se encuentran bajo su cuidado, con lo que aumenta el riesgo de violencia física o psicológica grave (como castigos físicos y humillantes), así como de situaciones de negligencia. Más aún, los datos obtenidos previo a la pandemia muestran que la violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como contra mujeres adultas, se perpetra con mayor frecuencia en los hogares y entornos cercanos. Por este motivo, en contextos de confinamiento y restricciones a la movilidad, niñas, niños y adolescentes corren el riesgo de compartir más tiempo con sus potenciales agresores. En relación con la violencia sexual, la mayoría de los casos informados en el hogar son perpetrados por familiares y personas cercanas a las víctimas. Así, en contextos de confinamiento y aislamiento social, las mujeres y niñas —que constituyen la mayoría de las víctimas de violencia sexual— están más vulnerables a sufrir agresiones sexuales sistemáticas.