¿En verdad está convencido de que no pasa nada? Esa fue la primera reacción del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, en cuanto se enteró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo aplaudido y reconocido hasta por los de Morena, echó por tierra los afanes del mandatario estatal de permanecer al frente de su estado por cinco y no por dos años como lo marca la Constitución.
Bonilla pensó que las víspera del fallo de la SCJN, acciones como el cateo a la casa del exgobernador del estado, Francisco “Kiko” Vega y ahora resulta que hasta el Covid-19 abonaría para que el mandatario estatal lograra su tan personal objetivo en el que presuntamente, -se dice no solo en la entidad-, habría comprado voluntades de los diputados locales panistas de la anterior Legislatura.
Horas antes de este histórico fallo, también, el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano había declarado que si la Corte fallaba en contra de Bonilla, entonces quedarían truncos una serie de proyectos que había echado a andar.
Llama la atención, sin embargo, que, acaso como muestra de su gran decepción ante la resolución tomada por la SCJN, declaró a un medio local que está pensando seriamente en solicitar una licencia al cargo que ostenta para sumarse a la campaña de quien resulte ser el candidato de Morena y se convierta en su sucesor en las elecciones del 2021.
Esto último porque, explicó: «yo me comprometí con el proyecto, con el Presidente y con la presidenta de mi partido a llevar adelante al partido». ¿La presidenta de su partido?, qué, ¿nadie le habrá avisado a Bonilla que ahora es Alfonso Ramírez Cuellar el nuevo líder morenista y no Yeidckol Polevnsky?, y por cierto, el diputado con licencia señaló por las “benditas redes” que, “no podía permitirse una reforma ilegal con la que se violaba la voluntad del pueblo de Baja California. Esta decisión afirma el respeto al orden jurídico y fortalece la certeza de las instituciones mexicanas».
Entonces, no solo en Baja California, ya se empiezan a preguntar qué sería lo que le prometió la señora Polevnsky a Bonilla Valdez y que a la hora de la hora, por lo visto, no le pudo cumplir, porque hay que ver cómo la exdirigente morenista defendió la permanencia del gobernador a la voz de que la ciudadanía bajacaliforniana, estaba “cansada de tanta elección y yo creo que eso tendría que cambiar”.
Antes del revés que sufriera el gobernador, manejaba como su carta favorita para sucederlo, ni más ni menos que al propio Amador Rodríguez Lozano, pero en el caso de que Bonilla tome la decisión de pedir licencia a su cargo para apoyar a los candidatos de Morena en las elecciones del año entrante, probablemente quien tenga que ocupar su lugar sea Rodríguez Lozano, así que, ¿qué tanto saldría beneficiado o no este personaje?
Ahora bien, si el actual presidente del CEN de Morena, Ramírez Cuéllar, fue de los que se opuso a extender el mandato de Jaime Bonilla en la gubernatura de BC, ¿será que lo ocupe como operador en los comicios del 2021?, sobre todo luego de la imagen que le quedó al mandatario estatal después de este largo conflicto, que al fin, se resolvió favorablemente.
Por lo pronto, el gobernador Bonilla estará esperando que su tan amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le dé alguna explicación, porque es evidente que el tabasqueño sabe apoyar “contra viento y marea” a sus amigos; ahí está el caso de Manuel Bartlett, ¿por qué no es lo mismo con Bonilla Valdez que tantos favores le ha hecho al presidente”
MUNICIONES
*** Mal empieza la prometida lucha contra la corrupción cuando el organismo encargado de vigilar el correcto manejo de los recursos, es el que recurre a las compras irregulares. Éste es el caso de Puebla de Luis Miguel Barbosa, donde se descubrió que la Auditoría Superior del Estado (ASE) asigna contratos hasta por un millón de pesos a empresas que no tienen registro alguno en el sistema de compras públicas y, peor aún, sin recurrir a concurso o licitación. Resulta que, el pasado 5 de marzo de 2020, la ASE, de Francisco Romero Serrano, adjudicó de manera directa un contrato por casi un millón de pesos a la desconocida firma Lleida Administradora de Negocios SA de CV; ésta representada por una profesora de nombre Flor Areli Hernández Hernández, que tendría a su cargo ni más ni menos que el “Servicio para la elaboración de evaluación del diseño e implementación de control interno”. El procedimiento de asignación, identificado con el folio CAD/001/MAR/DGA2020, violó todas las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla y, por si fuera poco, se cotizó a un monto tres veces más elevado que el promedio de los contratos que se firman en el sector público para similares servicios. Veremos si el Congreso local, que encabeza el morenista Gabriel Biestro, se decide, valga la redundancia, a auditar al organismo auditor, o si de lo contrario el titular de la Auditoría tiene una inmunidad semejante a la de Manuel Bartlett.
*** Para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Avila, la decisión tomada por la Corte en relación a la Ley Bonilla, fueMe muy afortunada “porque se fueron por el suelo, se derribaron todos los argumentos de descalificación, de dudas, de escepticismo, de considerar que la Corte estaba subordinada al Ejecutivo y que sólo recibiría órdenes de él. Se equivocaron, por fortuna, y esto pone de cuerpo completo, dibuja de cuerpo completo al Poder Judicial; pero también al Poder Ejecutivo, que no intervino y que no intervendrá en ninguna decisión de este algo órgano de justicia”. Agregó el legislador zacatecano que “lo mismo sucede con el Poder Legislativo. Debemos aplaudir que el principio de legalidad, que la división de poderes garantizan la plenitud del Estado de Derecho en México. Me alegra, por ser miembro de uno de los poderes y que, me consta, el respeto que el Ejecutivo, el Presidente López Obrador, ha tenido siempre por el Legislativo”.