Los partidos que integran la Coalición Va por México exigimos que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México liberen de inmediato a la gente privada de su libertad en el interior de las oficinas partidistas, que investiguen y sancionen los hechos de violencia ocurridos ayer en la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional.
De igual forma, es necesario que se establezcan los protocolos de seguridad necesarios para evitar cualquier hecho de violencia, salvaguardando la vida de las personas, además de que en este momento hay gente privada de su libertad en el interior de las oficinas del Partido Revolucionario Institucional desde hace más de 24 horas, por un grupo político que en las pasadas elecciones ya apoyó a Morena, gente violenta que ayer provocó heridos y personas lesionadas, hasta un joven de 20 años con un balazo en la espalda que se debatía entre la vida y la muerte.
Los dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, Marko Cortés Mendoza, Jesús Zambrano Grijalva y Alejandro Moreno Cárdenas, quienes expresaron su rechazo total a la intromisión soterrada del Gobierno morenista en la vida interna de los partidos de oposición, así como a cualquier provocación y acto de violencia.
Reiteraron su firme compromiso en mantener la coalición legislativa en la siguiente legislatura, que debe traducirse en mejorar las condiciones económicas, políticas y sociales del país.
Ningún acto de provocación ni amedrentamiento, venga de donde venga, logrará romper la cohesión alcanzada por la Coalición, porque ese es el mandato que recibimos por parte de los millones de mexicanos que depositaron sus votos a favor de las y los candidatos de los tres partidos políticos, concluyeron.
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En los últimos tres años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 101 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos desvíos que alcanzan un monto de 18 mil millones de pesos, informó el titular de ese órgano David Colmenares.
Al participar de manera virtual en la primera entrega de informes individuales de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020, el funcionario dijo que el monto denunciado supera a lo que se había reportado desde la creación de la ASF.
«Al respecto y durante el periodo de 2018 a 2021 hemos presentado un total de 101 dictámenes técnicos en materia de cumplimiento financiero que derivaron en denuncias de hechos por un monto superior a 18 mil millones de pesos.
«Así, a poco más de tres años de nuestra gestión, el monto de las denuncias presentadas supera, en monto, un 60 por ciento el monto del total acumulado desde la creación de la Auditoría Superior», destacó.
Las denuncias corresponden a la revisión de diversas cuentas públicas, la mayoría de ellas realizadas a la gestión del ex Presidente Enrique Peña Nieto y en particular a denominada Estafa Maestra.
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Prioridad adquirir oncológicos
Ricardo Monreal demanda dar prioridad a la adquisición de medicamentos oncológicos para niños con cáncer. De acuerdo con las facultades del Senado de la República, y dio todo su respaldo a los padres de familia, a los niños, a las niñas con cáncer, para que puedan recibir los medicamentos oncológicos a que tienen derecho.
Monreal se refirió a la escasez de medicinas para los niños con cáncer, problema que se ha agudizado en los últimos tiempos, al empalmarse con la pandemia del Coronavirus.
“Vamos a expresar nuestro respeto a la libertad de expresión de los padres a su desesperación y trataremos de contribuir a que este debate pueda resultar en beneficio o en la solución, en búsqueda de la solución del problema planteado”, dijo el senador Monreal, solidario con los padres de familia de los niños que son tema en este debate.
“Sí podemos coadyuvar con pronunciamientos o con facultades y funciones que nos permite la ley, de ser interlocutores de buena fe ante las instancias que se dedican a este tipo de adquisiciones, para que agilicen y adquieran los medicamentos faltantes”.
Pero no debemos politizar el tema de los niños y los padres de familia, tampoco debemos ignorar el tema tan delicado de sufrimiento de ellos y sus padres.
El senador Monreal opinó que no hay atisbos de un golpe de estado; acaso diferencias de carácter político, pero no del tipo que mencionó el subsecretario López Gatell hace unos días.
Pero el golpismo es algo más profundo, simplemente hay protestas, inconformidades y discusión, polarización y me parece que no debe de asustarnos ni preocuparnos, dijo el legislador
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El Pleno de la Comisión Permanente ratificó el nombramiento de Luz María Anaya Domínguez, como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), así como el de Julio Ángel Sabines Chesterking, como integrante de la Tercera Sección de la Sala Superior del TFJA.
Anaya Domínguez recibió el respaldo de 36 legisladores; mientras que Sabines Chesterking obtuvo 31 votos en favor, dos abstenciones y cuatro en contra. Tras su ratificación, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, les tomó la protesta correspondiente a los nuevos magistrados.
Eduardo Ramírez afirmó que quienes hayan acompañado con su voto a Sabines Chesterking, no se arrepentirán, pues se conducirá con verticalidad y honestidad. “Conozco sus raíces, su trayectoria y su compromiso social, no se va a prestar a componendas”.
Además, destacó que el nuevo magistrado es familiar del poeta Jaime Sabines, por lo que es heredero de una amplia sensibilidad social y de un legado que “no puede desaparecer de un brochazo, porque es nuestro pasado y también refleja nuestro presente”. Mientras haya un Sabines al frente de una institución, subrayó, habrá sensibilidad y compromiso.
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Los cooperativistas de La Cruz Azul encabezados por Federico Sarabia piden piso parejo al Poder Judicial de la CDMX y funcionarios de la fiscalía de la CDMX ya que, comentan, es claro que ambas instituciones han apoyado de forma indebida a quienes ostentan el control administrativo de La Cooperativa. Sarabia ya acudió a jueces federales quienes le empiezan a dar la razón para retomar el control legítimo del Consejo de Administración.
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