Ricardo Monreal en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado urge a profundizar, en un México en vías de reconstrucción política, la transformación y evolución de las instituciones públicas, como la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la renovación auténtica integral del Poder Judicial de la Federación, puesto que representa una oportunidad única para que la política se afiance como un instrumento que propone y elabore el andamiaje jurídico institucional, que cimenten las bases de este nuevo régimen.
En la presentación de su nueva obra, el también líder de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, consideró que los temas más importantes para el país son la seguridad pública, el sistema penal adversarial y el sistema de justicia.
“La Justicia Penal Adversarial” es la obra más reciente el legislador, donde especifica que México tiene muchos desafíos, incluso algunos entrelazados.
Vía de redes sociales, el legislador por Zacatecas –una de las entidades más castigadas por el crimen organizado—, sostiene la hipótesis de que entre los más apremiantes está superar el dolor de una sociedad lastimada y la criminalización de la pobreza, que se sistematizó en los gobiernos anteriores.
«Lo que nos exige revisar la conformación y la utilidad social de cada una de las instituciones públicas, a través de un análisis sustantivo y profundo del sistema de justicia penal, como precondición del Estado de Derecho».
Para Monreal Ávila, las reflexiones en su reciente libro, tienen que apreciarse con la visión de ser elementos mínimos indispensables que contribuyan al fortalecimiento institucional y al derrocamiento de este lastre, que lacera inconstantemente a nuestra sociedad: la impunidad.
Y sobre el por qué debemos leer su libro, Monreal Ávila afirmó que porque el sistema de justicia penal confeccionado en el 2008, constituye una pieza del engranaje para vencer los altos índices de impunidad, pero resultó insuficiente, no pudo terminar ni con la violencia ni con la impunidad. Lo que lleva a cuestionarnos qué necesitamos para legitimar la justicia penal y para generar confianza en las instituciones que la operen.
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Lo que ni los más comunes promotores de la 4T pudieron hacer, lo hizo el diputado federal del PVEM Ricardo Gallardo Cardona, quien salió al quite para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su llamado para frenar las voces que atacan a su esposa y su hijo en un intento de golpeteo.
Luego de la lamentable controversia por un tuit de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, del cual se disculpó, el legislador de San Luis Potosí pidió a las fuerzas políticas conducirse con respeto ante el clima electoral y a que reine el debate de las ideas, en lugar de enredarse en guerras sucias que no benefician a nadie.
A decir del legislador potosino, secretario de la Comisión de Presupuesto, todo cambio genera incomodidad y más uno de régimen como el que impulsa Andrés Manuel López Obrador, que busca recomponer lo que por décadas nos dejaron los gobiernos corruptos y alejados de la gente.
“El Presidente ha sido muy claro, los que estamos expuestos en política somos los que trabajamos en ella, los que tenemos un encargo de la gente y nos dedicamos al servicio público; no se puede mezclar la ideología con la familia y mucho menos meterse con las mujeres del modo en que hemos visto. No se vale”, afirmó.
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México “ya tocó fondo” en la actual crisis económica social y de sanidad, y organismos especializados en el análisis de la situación económica mundial, sin pretender desmentir el mandatario, advierten que la situación se pondrá peor.
Para entrar en una visión más realista, se deben tomar en cuenta, también, las advertencias de que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que el mandatario mexicano se propone celebrar en Washington –su primera salida al extranjero– al lado de su homólogo de Donald Trump, no representará una solución mágica.
Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), encabezada por la mexicana Alicia Bárcena, advirtió que son casi medio millón de empresas formales las que están en riesgo de desaparecer en nuestro país, en un plazo de seis meses, debido a la crisis disparada por la pandemia de Covid-19. El presidente López Obrador no acepta esos datos, pero tampoco muestra la informac ión que dice para contradecirlos.
Los especialistas de CEPAL estiman que, en toda la región, un total de 2.7 millones de empresas formales –una de cada cinco– están en riesgo. Del mencionado total, 2.6 millones son microempresas, que en caso de suspender actividades definitivamente representarán la pérdida de 8.5 millones de empleos formales.
Los negocios en riesgo y que deberán atenerse a sus propios recursos y capacidades –pues el presidente López Obrador ya advirtió que no recibirán ayuda oficial- se ubican en sectores tan importantes como el comercio al mayoreo, al menudeo, el turismo, la manufactura, automotriz, autopartes, construcción, servicios e industrias culturales.