Ante la grave acusación de que hay candidatos de diversos partidos políticos que pretenden lucrar con los programas sociales para ganar votos, con miras a las elecciones del seis de junio, conviene destacar que la ley es clara y punitiva en contra de los delincuentes electorales.
El presidente de la Republica puso el dedo en la llaga al denunciar que en el norte del país, hay candidatos que pretenden usar tarjetas con los recursos en monetario, disfrazados de programas sociales, para ganar adeptos y hacerse del poder, nada más por ganar y sin consciencia de clase. Pero estas promesas de darles dinero con tarjetas las están haciendo prácticamente todos los políticos de todos los partidos políticos.
El senador Ricardo Monreal fue, en un principio, quien propició que haya reglas específicas en la ley, para castigar a quienes lucren con los programas sociales, especialmente en los procesos electorales:
La actualización a la Ley permitió que en apego al principio de legalidad y para lograr una armonización con el precepto constitucional, el artículo añadido a la Ley General en Materia de Delitos Electorales especifica como delito el uso de programas sociales con fines electorales.
Se añadieron a dicha ley, dos nuevos tipos penales relacionados con el uso de programas sociales, con fines electorales, en cuya comisión procede la prisión preventiva oficiosa:
Sancionar con prisión de tres a ocho años y de 300 a 600 días de multa a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas de naturaleza social, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición.
Por cierto que, en la sesión de este miércoles, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador Martí Batres,
exhortar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que inicie la carpeta de investigación que corresponda, a fin de determinar la probable responsabilidad en la comisión de hechos ilícitos, derivados de la posible triangulación de recursos provenientes del extranjero, a través de la organización «Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad».
El tema de Batres no es menor, pues han surgido notas informativas que relacionan a la organización “no gubernamental” “Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad!”, con posibles recursos, a todas luces ilegales, provenientes del extranjero, para apoyar a “Va por México!, en su carácter de opositora al régimen de la Cuarta Transformación.
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Si las tarjetas que reparten candidatos no contienen dinero son meros cartoncillos, considerados propaganda pero no violatorios de la legalidad, afirmó el consejero electoral Ciro Murayama.
Sin mencionar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Murayama recordó que en los últimos días hay quien exige anular candidaturas por entregar estos plásticos, como la del priista Adrián de la Garza en Nuevo León.
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Sin embargo, expuso, el Instituto Nacional Electoral (INE) no quita candidatos en plena campaña, y si cometieron faltas en la fiscalización, eso se resolverá pasando la elección.
«La mera entrega de cartoncillos o de plásticos si no tienen dinero, bienes o servicios detrás, no es ilegal, es una mera propaganda, que nos puede parecer de mal gusto, pero la autoridad jurisdiccional lo permitió», afirmó.
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El presidente de la República cometió un acto ilegal con consecuencias sancionatorias, al difundir propaganda gubernamental para influir en la jornada electoral en curso, por lo que es obligación del Poder Legislativo hacer un exhorto, a fin de que cumpla con el modelo de comunicación vigente y se abstenga de intervenir en el proceso electoral de Nuevo León o de cualquier otra entidad federativa.
En nombre del PRI y ante la Comisión Permanente del Congreso del Unión, la diputada Claudia Pastor Badilla, presentó un Punto de Acuerdo para solicitar que el titular del Ejecutivo Federal respete la Constitución y se apegue a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad de cara a la próxima jornada electoral.
“Si ustedes en la mayoría consideran aceptable que ahora las autoridades puedan intervenir abiertamente y utilicen la estructura del Estado para influir en las elecciones, discutámoslo, utilicemos los causes legales para reformar la Constitución. Mientras eso no suceda, las normas constitucionales que limitan la actuación de los servidores públicos de los Tres Poderes siguen vigentes y son obligatorias, por lo que deben ser acatadas por todos, incluido el presidente”, precisó
La legisladora insistió que el actual modelo de comunicación política es puntual, por lo que ninguna persona física o moral puede contratar propaganda electoral en radio y televisión, tampoco está permitido realizar expresiones que calumnien a otras personas, ni transmitir propaganda gubernamental durante el periodo de campañas electorales.
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El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no echará culpas por la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro y pidió esperar el resultado de los peritajes.
“Yo no voy a repartir culpas, no voy a caer en esa dinámica… no voy a repartir culpas, no voy a señalar a nadie; por eso no he estado en los medios de comunicación, porque me insisten que ahora precisemos y digamos”, sostuvo. Ante las acusaciones de Morena respecto a la responsabilidad de su administración como Jefe de gobierno, el senador Mancera explicó el mantenimiento que se dio durante su mandato a la Línea 12 del Metro.
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