Las indagatorias en contra del cártel inmobiliario siguen dando de qué hablar. Y es que, a unos meses de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Santiago Nieto, presentara denuncia en contra de la organización en la Fiscalía capitalina, al mando de Ernestina Godoy, se han sumado nuevas pistas.
Y es que detrás del boom inmobiliario de la CDMX no solamente habría funcionarios corruptos como Edgar Oswaldo Tungüí Rodríguez, ex comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la capital en la administración pasada, quien en días pasados fue aprehendido acusado de desviar recursos públicos que debieron utilizarse para la reconstrucción de viviendas tras el sismo de 2017.
También están empresarios que con base en la Norma 26 o el Sistema de Transferencia de Potencialidades hicieron un gran negocio con la construcción de edificios habitacionales y oficinas que excedieron los niveles de piso permitidos y la densidad de construcción.
Las nuevas pistas apuntan a uno de los despachos que sacó provecho de estos “instrumentos”, se trata de Central de Arquitectura, de Moisés Ison Zaga y José Sánchez Ruiz, quienes habrían solicitado la aplicación de este sistema desde 2003, cuando el llamado cártel inmobiliario comenzó a operar en la CDMX.
Además, la UIF, la FGJ, la Procuraduría Ambiental y la Contraloría General recibieron denuncias esta misma semana, en las que se involucra a Ison Zaga y Sánchez Ruiz de posiblemente participar en la red de corrupción para hacerse de capital y construir con ello su “éxito inmobiliario”.
Los documentos aseguran que, en 2005 el despacho pagó solo 3 millones 700 mil pesos por exceder los pisos permitidos en su proyecto ubicado en la calle de Ámsterdam 191, en la colonia Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc. Los departamentos se comercializan hoy en páginas especializadas hasta en 8 millones de pesos.
Central de Arquitectura tiene otros 17 edificios habitacionales, algunos de ellos en las principales calles de la capital. Han desarrollado además casas residenciales, centros comerciales, hoteles, oficinas, restaurantes y urban centers. Los proyectos sin duda tendrán que ir a revisión de las autoridades al mando de Claudia Sheinbaum.
La ruta del dinero
San Luis Potosí es uno de los estados que eligen gobernador en poco menos de tres semanas. Preocupado debe estar el gobernador Juan Manuel Carreras por los adeudos a proveedores que su administración estaría heredando a quien resulte ganador. Basta ver el caso de Servicios de Salud de San Luis Potosí donde las deudas con proveedores que apoyaron a su gobierno durante los momentos más difíciles de la pandemia en 2020 alcanzan varias decenas sin solución a la vista. El tema cae en la cancha del recién nombrado secretario de Salud estatal, Miguel Ángel Lutzow Steiner, pero sin duda, la responsabilidad política será del gobernador Carreras quien probablemente no esté enterado de la dimensión del problema. Las áreas de adquisiciones y el Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud del Estado le podrían dar un reporte detallado.