Thalía Lagunas –o Lagunes, según algunos– Aragón, mujer de todas las confianzas de Andrés Manuel López Obrador es corresponsable del desabasto de medicamentos y, peor todavía, cómplice de los fruncionarios del IMSS que lucran en complicidad de proveedores y prestadores de servicios.
Pero, para empezar, traiciona esa confianza presidencial cuando el proceso de investigación de mercados para la adquisición de medicamentos e insumos no ha sido registrado en el sistema Compranet.
Lagunas, en colaboración con Alberto Olivas, director general de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Función Pública donde ella es ahora subsecretaria, efectúa modificaciones en los precios de las propuestas con el objetivo de asegurar contratos millonarios en diversas adquisiciones, no limitadas únicamente a medicamentos.
Un ejemplo notable es el medicamento celecoxib –antiinflamatorio no esteroideo indicado para el alivio del dolor en pacientes con osteoartritis, dismenorrea y artritis reumatoide, aunque también es utilizado para el alivio de los síntomas en pacientes mayores de dos años que sufran artritis reumatoide juvenil, de acuerdo con la Wikipedia.
Éste es fabricado principalmente, por los laboratorios Ultra y Alpharma, que lograron venderlo al IMSS hasta en 95 pesos, a pesar de que el precio de referencia asignado en la licitación era de aproximadamente 9 pesos.
¡Una diferencia de 84 pesotes por pieza para los bolsillos de los fruncionarios pillastres del Seguro Social, de los que Lagunas y Olivas muy posiblemente también reciban un “moche”!
Estos mismos laboratorios, Ultra y Alpharma dejaron de entregar el medicamento para provocar el desabasto y así poder venderlo a través de compras directas por diferentes distribuidores, como Med Evolution, perteneciente a Kurt Nyssen. ¡Ahí está el “bisne”!
Y, por si fuera poco, en la actualidad están planeando hacer lo mismo con varias claves más.
Todavía peor, en su ya habitual desacato a las instrucciones de AMLO no reportan a Birmex el listado completo y real de las necesidades del IMSS.
Obvio para adquirirlos vía el Pack –del que le comenté aquí en la anterior entrega de este Índice Político— y que no es otro sino uno de los múltiples chanchullos que utiliza el IMSS del chiapaneco Zoé Robledo y su paisano Eduardo Thomas, director general y director de Administración, respectivamente, para regionalizar la compra de medicamentos e insumos médicos, cuando muchos de ellos ya tienen proveedor asignado con contratos, pero a quienes les ponen tantas trabas y exigencias que acaban por no cumplir y es entonces cuando ellos los adquieren regionalmente sin ningún control en los precios, generalmente inflados hasta la exageración. Su pretexto es la urgencia por obtenerlos.
Pero, todavía peor, en el sector no solamente se enfrentan a las “recomendaciones” de Thomas desde el IMSS de que no coticen, pues de hacerlo sufrirán las consecuencias si llegaran a apoyar el esfuerzo de Birmex.
Pero también temen que, dados los antecedentes de modificación de las ofertas técnicas y sobre todo económicas en Compranet, especialmente en las licitaciones consolidadas, que es donde pueden modificar precios, borrar anexos, en una operación quirúrgica dirigida por Alberto Olivas, ante la pasiva –¿o también cómplice?– mirada de Roberto Salcedo Aquino, titular de la SFP, que no atina a identificar y acabar con estas prácticas delictivas, criminales.
Lagunas y Olivas, ¡vaya par!
El 19 de diciembre de 2019, Thalía Lagunas Aragón –mencionada por el empresario Carlos Ahumada como una de las cercanas a López Obrador que pasó por su oficina a recoger fuertes sumas de efectivo– fue designada Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en sustitución de Raquel Buenrostro.
No sólo heredó el escritorio, también la responsabilidad de continuar con la estrategia de compra de medicamentos, distribución y almacenamiento, que nunca funcionó como se esperaba, provocando desde el inicio del sexenio una crisis de salud, debido a una cadena de pésimas decisiones que no llevaron a nada, sólo a retrasar todavía más la solución.
Como ahora en Función Pública, Alberto Olivas Sánchez también era entonces su colaborador cercanísimo.
Y fue cuando a éste la empresa Mainbit lo denunció ante la Fiscalía General de la República, señalando haber sido víctima de un nuevo esquema de corrupción en las contrataciones públicas a cargo de la Oficialía Mayor de la SHCP.
Mainbit es una empresa mexicana que ofrece servicios tecnológicos integrales, tales como servicios administrados, de arrendamiento y venta de Infraestructura Tecnológica de última generación.
La denuncia penal señala que los principales operadores de este nuevo esquema son servidores públicos que administran el sistema Compranet; quienes de acuerdo con Mainbit, reciben sobornos de empresas a cambio de modificar o hackear los archivos electrónicos de las licitaciones públicas a favor de estos.
Mainbit implicó en la comisión de tal delito no sólo a Olivas, entonces director general de la Unidad de Política de las Contrataciones Públicas, también a Raúl Jaime Pilar Bahena, subdirector del área y su principal operador.
La mencionada Mainbit argumentó en su denuncia ante la FGR que cuenta con indicios para señalar que propuestas enviadas por ellos a dicho sistema fueron modificadas, o hackeadas, por algún funcionario de la Oficialía Mayor de Hacienda, dependencia a cargo de Thalia Concepción Lagunas. Específicamente de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas (UPCP), ya que esta tiene acceso y administra el sistema de Compranet.
Y ahora, desde la Secretaría de la Función Pública lo continúan llevando a cabo. Sobre todo, en las licitaciones del IMSS, pero del ISSSTE también… de lo que le platicaré próximamente.
Indicios
Lo que no alcanzan a entender los fruncionarios pillastres de todas las dependencias públicas es que el principal enemigo de la Administración Pública es la burocracia. Trabajadores al servicio del Estado que para empezar están inconformes con el desnivel salarial existente entre ellos y sus jefes en el escalafón y que, además, se dan cuenta de lo poco que trabajan al acudir a desayunos, comidas, cenas y ágapes de todo tipo en horas de trabajo, pero sobre todo están al tanto de las transas que ejecutan sin recato alguno. ¿Cínicos o descuidados? * * * Y por si fuera poco, el ex procurador general de la República Ignacio Morales Lechuga posteó el miércoles por la noche en su cuenta de X lo siguiente: “Un nuevo escándalo de corrupción toca a la puerta de Palacio Nacional. La Auditoría Superior de la Federación encontró que el IMSS pagó 397 mdp a 12 empresas que no entregaron facturas y que no tienen forma de demostrar que fueron entregados los insumos; muchas de ellas ni siquiera son localizables. Esto sólo es la punta del iceberg de una investigación mucho más profunda que hoy se lleva a cabo. ¿Qué pasó presidente, no decía usted ayer de que esto ya no pasaba? Sí pasa, y pasa mucho más que nunca.” Se cierra el círculo en torno a Zoé Robledo y cómplices. * * * ¡Y ahora también en 2018 y en 2020! De acuerdo con una publicación, este jueves al mediodía, del diario The New York Times personajes cercanos a López Obrador habrían recibido millones de dólares de cárteles delincuenciales. Así va a ser harto difícil que desaparezca de las redes la etiqueta #NarcoPresidenteAMLO. * * * Antes de la publicación, en su matiné el tabasqueño despotricó en contra del diario neoyorkino que sólo hizo dar a conocer una investigación del gobierno estadounidense que no tuvo consecuencias para no lastimar al “líder” de su principal socio comercial. Ya platicaremos aquí, usted y yo, más ampliamente del tema. EL NYT, por su parte, calificó como «preocupantes e inaceptables» las declaraciones del presidente López Obrador, quien criticó al medio por el reportaje que señala que sus hijos y funcionarios habrían recibido dinero del narcotráfico en 2018. * * * Y a propósito de la referida matiné del jueves, el descuidado vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas proyectó en la de este jueves la carta de una reportera del Times en la que le solicitaba una entrevista periodística para obtener su punto de vista sobe lo que se publicaría. Y el controvertido Ramírez dejó visible el número telefónico de la periodista estadounidense, con lo cual violó la garantía de proteger sus datos personales. Prácticamente de inmediato el INAI abrió una investigación de oficio porque el Presidente leyó el número telefónico referido, mientras que el Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas criticó al ocupante de Palacio Nacional por poner en riesgo la integridad del equipo del rotativo de NY con lectores en todo el mundo, en el país más peligroso del planeta para ejercer el periodismo. * * * Quien no se la acaba es el exministro de la SCJN Arturo Zaldívar –quien ahora ha descendido varios peldaños para convertirse en mero porrista de Claudia Sheinbaum—, tras la infidencia de AMLO en la que despepitó que le daba instrucciones para que éste las transmitiera a magistrados y jueces en casos que le interesaban a Palacio Nacional. Hay quienes, al respecto, demandan que la Corte deje de pagarle su pensión e, incluso, quienes exigen que se le retire el título de abogado, lo cual es verdaderamente una exageración. * * * Y por hoy es todo. Reconozco que haya leído este Índice Político y, como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!
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